Por: Ana Clement - Chair del comité de comercio e inversión / Senior Manager y Líder de Práctica | EY Law Panama.
El pasado 9 de julio de 2025, el Parlamento Europeo aprobó la exclusión de Panamá de la lista de países de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Con 373 votos a favor, 289 en contra y 26 abstenciones, esta decisión representa más que un mero trámite técnico: es un paso firme hacia la recuperación de la imagen del país y su reinserción plena en los estándares internacionales de cumplimiento.
Si bien la incorporación de Panamá en 2020 a esta lista no conllevó sanciones formales, sí generó efectos prácticos contundentes. Las entidades financieras europeas debían aplicar controles reforzados, traduciéndose en una percepción de riesgo que afectaba inversiones, relaciones bancarias y operaciones comerciales. La exclusión elimina esas barreras operativas y reputacionales, permitiendo que Panamá recupere su condición de jurisdicción cooperante ante Europa.
Un punto de inflexión clave fue la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre de 2023, tras atender observaciones sobre la identificación de beneficiarios finales, el fortalecimiento de la supervisión de los sujetos obligados y la aplicación efectiva de sanciones. Este avance fue producto de un esfuerzo público-privado que permitió implementar reformas con efectividad y demostrar resultados concretos. Validado por el GAFI, ese progreso técnico fue determinante para que la Comisión Europea recomendara la exclusión, afirmando que Panamá había abordado con éxito las deficiencias estratégicas y que ya no representaba una amenaza significativa para el sistema financiero de la Unión Europea.
Pero el proceso europeo exigía más que criterios técnicos. La aprobación política del Parlamento era indispensable, y en el primer intento en julio de 2024 no se logró. Aunque Panamá ya había cumplido con los criterios exigidos por la Comisión, la propuesta se evaluó junto con otros países como Gibraltar y Emiratos Árabes Unidos, lo que generó reservas entre algunos eurodiputados. Según el vicecanciller Carlos Hoyos, las percepciones históricas y el contexto regional influyeron en ese resultado inicial.
Detrás del voto favorable de este 9 de julio hubo una voluntad política clara, de la mano de una alineación estratégica de comunicación y diplomacia que permitió reforzar la confianza y consolidar el respaldo político tan necesario. El presidente José Raúl Mulino lo resumió con firmeza: “Panamá no es un país de listas. No es justo que un país cooperador sea estigmatizado. Hemos demostrado con hechos que cumplimos, y ahora el mundo lo reconoce.”
Los beneficios económicos de esta exclusión son trascendentales, aun cuando puedan no percibirse en la vida cotidiana del ciudadano. Su alcance va más allá de lo inmediato: fortalece nuestra posición financiera, consolida la reputación internacional y crea condiciones más favorables para atraer inversión de calidad. Esto se traduce en mayor acceso a financiamiento, fortalecimiento del centro bancario y nuevos proyectos internacionales.
Como nación, debemos sentirnos orgullosos de este avance significativo, pero también conscientes de que mantener alineada la capacidad técnica con la voluntad política es indispensable. Los procesos de revisión de organismos internacionales como el GAFI y la Unión Europea son continuos, y Panamá será evaluada nuevamente entre 2026 y 2027. El reto ahora es, a partir de las lecciones aprendidas, sostener ese compromiso. El cumplimiento debe consolidarse como práctica permanente en el mejor interés de nuestra patria.