Autora: Ana Clement / Chair del Comité de Comercio e Inversión - Senior Manager | Tax & Legal en Deloitte
La competitividad de una jurisdicción ya no depende solo de su infraestructura, conectividad o estabilidad macroeconómica. Cada vez más, las decisiones de comercio e inversión incorporan la calidad del entorno regulatorio: la claridad de las reglas, la previsibilidad en su aplicación y la capacidad de demostrar cumplimiento de forma verificable. En este contexto, el cumplimiento dejó de ser un asunto operativo para convertirse en un indicador de madurez institucional y en un componente esencial del perfil de riesgo país.
En los últimos años, Panamá ha avanzado de forma consistente en esa dirección. Un punto de inflexión fue su salida de la lista gris del GAFI en 2023, luego del proceso de verificación correspondiente. Aunque este hito no resuelve todos los desafíos reputacionales del país, sí removió un factor objetivo que incidía en evaluaciones de riesgo, procesos de corresponsalía y análisis de contrapartes; en términos prácticos, mejoró una variable relevante al decidir operar o invertir en una jurisdicción.
El avance se consolidó con la actualización normativa emitida por la Superintendencia de Bancos mediante el Acuerdo No. 1‑2026 —en vigor a partir del 16 de julio de 2026—, que introduce ajustes técnicos al régimen preventivo aplicable a bancos y empresas fiduciarias, desarrolla el enfoque basado en riesgo y fortalece la debida diligencia —incluida su modalidad simplificada cuando corresponda conforme al perfil de riesgo—. Asimismo, incorpora requisitos específicos para el onboarding digital, estableciendo mayores exigencias de trazabilidad y efectividad de controles. Este ajuste no solo ordena expectativas supervisoras, sino que también reduce zonas grises que generaban costos operativos y de interpretación.
En el ámbito societario, avanza un proceso de depuración y actualización registral de personas jurídicas con estatus de suspendidas por falta de pago de la tasa única, con efectos registrales y fiscales orientados a sanear el universo corporativo. La primera etapa se inició con más de 180 mil sociedades incluidas en el proceso de disolución, avanzando de manera escalonada. Más allá del acto formal, estas acciones fortalecen la integridad de la información, facilitan la trazabilidad y envían un mensaje claro: el incumplimiento prolongado tiene consecuencias.
La protección de datos personales constituye otro pilar de esta infraestructura regulatoria. Panamá cuenta con la Ley 81 de 2019, que establece principios de lealtad, finalidad, proporcionalidad, veracidad y exactitud, seguridad y transparencia; define obligaciones para responsables y encargados del tratamiento y proporciona un marco claro para políticas y controles en operaciones intensivas en datos. Para centros de servicios, plataformas digitales y operaciones regionales, este estándar local aporta seguridad jurídica y coherencia operacional.
De manera complementaria, el país ha fortalecido su ecosistema para modalidades contemporáneas de organización del trabajo. Panamá cuenta con un marco reconocido para el teletrabajo que establece reglas claras para su implementación, formalización y supervisión. A ello se suman opciones migratorias que facilitan la atracción de talento internacional, incluidas alternativas para trabajadores remotos y regímenes especiales con ventanillas únicas de tramitación, que agilizan la movilidad del personal especializado. Estos elementos contribuyen a un entorno más funcional para estructuras híbridas, operaciones regionales y equipos transfronterizos que requieren combinar movilidad, soporte corporativo y cumplimiento formal.
Asimismo, se incorpora un aspecto relevante en transparencia comercial. La Ley 473 de 2025 —que entra a regir el 19 de junio de 2026— obliga a exhibir el precio total de bienes y servicios, incluyendo impuestos, tasas y cargos aplicables. Aunque su propósito inmediato es la protección al consumidor, su impacto operativo es más amplio: uniforma criterios de información, reduce quejas y aumenta la certidumbre para proveedores y usuarios, sin modificar la forma de emitir la factura fiscal.
Vistas en conjunto, estas novedades no eliminan todas las áreas que aún demandan atención, en las que la coordinación interinstitucional y la aplicación uniforme de las normas debe seguir reforzándose. Sin embargo, el rumbo es claro: un país más exigente en trazabilidad, más explícito en sus reglas y más dispuesto a asociar el cumplimiento —o su ausencia— con consecuencias tangibles. Y eso, en comercio e inversión, hace la diferencia.
La conclusión es directa: en la competencia entre jurisdicciones, el cumplimiento ya no debe entenderse como un costo accesorio. Bien estructurado, supervisado y ejecutado, también puede convertirse en una ventaja competitiva país.